CONADEP; por la unidad y la reconciliación | Consejo de la Magistratura

Publicado el 16/12/2021

Hace 38 años el Poder ejecutivo Nacional  creaba la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”, integrada por intelectuales de indubitado compromiso por los derechos humanos.

I – El sábado 10 de diciembre de 1983 el presidente que eligió el pueblo en las urnas del 30 de octubre, Alfonsín, asumió la primera magistratura luego de terribles siete años y meses de dictadura militar. Apenas cinco días después, el 15 de diciembre de 1983, con el fin de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, firmó el decreto número 187 de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como la “CONADEP”.

         Fiel a su discurso de campaña, el presidente en el decreto de creación destacaba la necesidad de conocer la verdad como base de la futura “unidad” y “reconciliación” nacional. Cuando la comisión presentó el informe “Nunca Más”, el presidente dijo que es un “aporte fundamental para que, de aquí en adelante, los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina”.

II – “Unidad” y “reconciliación”, expresamente manifestadas en los fundamentos, era el reflejo de la idea fuerza del presidente de lograr la reconciliación de la sociedad a partir de la verdad y el fortalecimiento de la democracia.

Los integrantes de la CONADEP fueron designados en el mismo decreto por el presidente. En las conversaciones previas el propio presidente interesó a los referentes del Partido justicialista para que integren la comisión, pero todos los sectores se negaron a ello argumentando distintas causas.

La integración definitiva fue de hombres y mujeres destacadas de la cultura. El presidente de la Comisión fue el escritor Ernesto Sábato, quien fue cuestionado por su posición frente al golpe de 1976 al recordarse que había compartido un almuerzo con Videla, si bien luego cambio de posición.

         También lo integraban la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide (madre de un desaparecido y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH-), el médico René Favaloro y religiosos de todos los cultos como Jaime De Nevares y Marshall Meyer, entre otras personalidades.

         Desde algunos sectores, se entendía que esta comisión era una forma de desmovilizar a los sectores y organismos de derechos humanos que reclamaban juicio y castigo.

III – El decreto 187 establecía en forma específica y taxativa las funciones de la Comisión:

a) Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos.

b) Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización.

c) Determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores.

d) Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer.

e) Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.

         Sus integrantes fueron:

Ernesto Sabato (1911 – 2011). Quien fue elegido presidente de la comisión por el resto de sus miembros.

Ricardo Colombres (1921 – 1998), abogado y ex rector de la Universidad de Buenos Aires.

René Favaloro (1923 – 2000), médico. Renunció en desacuerdo a que la comisión no estuviese facultada a investigar los crímenes de la Triple A.

Hilario Fernández Long (1918 – 2002), maestro e ingeniero. Decano de la Facultad de Ingeniería y llegó a ser rector de la UBA.

Carlos T. Gattinoni (1907 – 1989), pastor evangélico de la Iglesia Metodista Argentina, fuertemente involucrado en movimientos de derechos humanos.

Gregorio Klimovsky (1922 – 2009), matemático y filósofo, uno de los mayores especialistas en epistemología.

Marshall T. Meyer (1930 – 1993), rabino estadounidense, ciudadano argentino y fundador del Seminario Rabínico Latinoamericano, activo militante de los derechos humanos y fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos.

Jaime de Nevares (1915 – 1995), monseñor y activo defensor de los derechos humanos y del estado de derecho.

Eduardo Rabossi (1930 – 2005), filósofo radical y activo militante de los derechos humanos.

Magdalena Ruiz Guiñazú (1935), periodista radial.

Santiago Marcelino López, diputado radical en representación del Congreso.

Hugo Diógenes Piucill, diputado radical en representación del Congreso.

Horacio Hugo Huarte, diputado radical en representación del Congreso.

IV – La Comisión reunía información sobre la identidad de los desaparecidos, sobre las denuncias y testimonios de sobrevivientes y a examinar la metodología empleada por la dictadura.      

Si bien los testimonios de los sobrevivientes estaban llenos de menciones sobre sus secuestradores y torturadores, la CONADEP no tenía como propósito develar la identidad de militares ni civiles cómplices, sino dar a conocer la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura.

De ese modo, la CONADEP desestimaba el discurso militar sobre supuestos excesos cometidos durante el gobierno de facto. La Comisión se limitó al tratamiento de las desapariciones ocurridas en los primeros años de la dictadura militar, desestimando la investigación de los asesinatos cometidos por la Triple A durante el gobierno de Perón e Isabel. Este recorte temporal respondía a la política del gobierno de evitar el involucramiento de la dirigencia.

V – El 20 de septiembre de 1984 aún no se encontraba definida la instancia judicial que evaluaría la información reunida en el Nunca Más. En diciembre de 1983, el gobierno había derogado la ley de amnistía, estableciendo por decreto el procesamiento de las cúpulas guerrilleras y la persecución penal de las Juntas militares.

         Mientras la CONADEP se reunía con el presidente en la Casa de Gobierno, unas 70.000 personas se concentraban en Plaza de Mayo para marchar hacia los Tribunales en reclamo de justicia civil. Hasta ese momento no estaba claro si el juzgamiento de los responsables iba a quedar en manos del Poder Judicial o de la llamada Justicia Militar.

         Bajo el decreto 158/83 las causas fueron al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y declaró legítimas las órdenes dadas por las juntas militares y el tratamiento jurídico quedó a cargo de la Cámara Federal, con las modificaciones que se introducen al digesto procesal.

VI – “Durante la década del ’70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”, decía el prólogo del Nunca Más. Luego se decía que “a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.

        Con un prólogo escrito por Ernesto Sábato y acompaña el informe que publicó como libro la editorial de la Universidad de Buenos Aires. En este texto se resume la interpretación que el gobierno intentó imponer, con la colaboración inestimable de los miembros de la CONADEP sobre lo sucedido en los años 70 y las respuestas dadas por los militares durante los más de siete años de gobierno de facto.

         En esta interpretación, que equipara los crímenes del terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones armadas -la llamada “teoría de los dos demonios”-, se oculta que el golpe militar tenía por objetivo terminar con toda una generación. Es bueno recordar que al momento del golpe la guerrilla estaba diezmada, mientras que la clase obrera se enfrentaba a la burocracia sindical peronista y a las patronales.

         En el año 2006, en una nueva edición, se hace también un nuevo prólogo con otra perspectiva en donde se cuestionó la teoría de los dos demonios: “es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como un juego de violencias contrapuestas”, dice y reconoce que, al momento del golpe militar, “la guerrilla ya había sido derrotada militarmente”. Con esta nueva mirada se reivindica la militancia de los años setenta y también en este tiempo se recurrió a la Corte Suprema para que declare inconstitucional las leyes de impunidad, entre otras medidas. Como un mensaje, el presidente en una visita al Colegio Militar el 24 de marzo de 2004 ordenó bajar los cuadros de Videla y Bignone, que estaban en una de las galerías. VIII – La CONADEP y el NUNCA MÁS fueron un aporte fundamental para que los de argentinos y argentinas, escuchemos la voz de las víctimas directas sobre los horrores cometidos por la dictadura durante el genocidio de Estado en nuestro país.

Por Ricardo Miguel Fessia
Miembro de la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico