La Corte, Casación y la Fundación Hogares de Cristo firmaron un convenio para la reinserción social | Consejo de la Magistratura

Publicado el 03/06/2025

Con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DECAEP) firmó hoy un convenio de trabajo con la Federación de Centros Barriales Familia Grande Hogar de Cristo, con el fin de establecer relaciones de cooperación para favorecer el proceso de reinserción social de las personas en libertad condicional o cumpliendo una condena de ejecución condicional.

El acto tuvo lugar en el primer piso de los tribunales federales del edificio de Comodoro Py 2002, donde funciona la sala de acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal. Allí estuvieron, además del presidente de la Corte, los miembros del tribunal: Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar, Angela Ledesma, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos Juan Carlos Gemignani y Javier Carbajo.

Luego, Rosatti mantuvo un encuentro con los jueces de primera instancia Julián Ercolini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti, y el presidente de la Cámara Federal Mariano Llorens, en el marco de los preparativos de cara a la implementación del sistema acusatorio en el fuero federal porteño, anunciado para el 11 de agosto.

La firma del convenio que motivó la presencia de Rosatti en los tribunales federales fue rubricada por la responsable de la DECAEP, Virginia Barreyro, y el titular de la Federación, el sacerdote José María Di Paola, más conocido como “El Padre Pepe”. Dos decenas de integrantes de la fundación participaron del acto.

La Federación tiene por finalidad dar respuesta integral a personas en situación de vulnerabilidad social o con consumos problemáticos con drogas, y llevan adelante tareas de integración en los barrios en los que viven. El convenio busca avanzar con los procesos de reinserción social y generar un trabajo articulado con la DECAEP.

Luego de que Petrone, en su rol de presidente de la Cámara de Casación, diera la bienvenida, la responsable de la DECAEP explicó la importancia del trabajo conjunto con la fundación eclesiástica tras presenciar los cambios y resultados positivos que habían advertido en personas con problemas legales y adicciones. La asistencia de esa agrupación no solo logró ayudar en la recuperación de esas personas, sino también que estos apoyaran a otros pares a seguir sus pasos. “Cuando vimos eso, dijimos que allí había que prestarle atención. Creemos que se puede profundizar y ampliar este trabajo. De ahí la idea de este convenio”, explicó.

El padre Pepe resaltó que fue el Papa Francisco, cuando aún era Jorge Bergoglio, quien los alentó a acompañar a los vulnerables tomando “la vida como viene”, con sus imperfecciones y dificultades, porque no hay situaciones ideales. Y entre esos conflictos muchas veces están personas en conflicto con la ley.

“Tenemos un abordaje en el territorio en donde muchas veces explota la violencia, la droga y la marginalidad, y esas personas encuentran una comunidad que pueden dar una respuesta con presencia en casi todas las provincias”, destacó.

A su turno, Rosatti resaltó la importancia de que el Poder Judicial “tome contacto” con estas realidades. “Más allá de la experiencia de vida que cada uno tenga antes de llegar al cargo judicial, nosotros estamos muy acostumbrados a manejarnos en un microclima de papeles y computadoras. Por eso destacamos este tipo de vinculaciones entre el Poder Judicial y la realidad de una organización que tiene un contacto con personas con los problemas y sus necesidades”, señaló.

“Siempre pensé que las sociedades no se deben comparar en función de su producto bruto sino en cómo tratan a los vulnerables –dijo Rosatti-. Creo que ahí es donde hay una diferencia importante en la sociedad. Es mucho lo que hay que hacer. Es grande el déficit. Sabemos que hay mucha gente que está cumpliendo una condena y que es difícil reinsertarse cuando salga de una situación de encierro. Por eso celebro este tipo de convenios, y que estemos vinculados a esta institución de los Hogares de Cristo. Aquí no solo se está tratando de ayudar a una persona a reinsertarse. Se le está dando dignidad”.

El presidente de la Corte y del Consejo destacó además el carácter federal de la DECAEP y los casi cien cargos que se ocuparon hace dos años para poder llevar adelante esta tarea en distintos puntos del país.

La autorización para la firma del convenio había sido aprobada el 23 de mayo por los integrantes de la Corte Suprema, los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

A fines de 2014, el Congreso Nacional aprobó la ley 27.080, que en el ámbito del Poder Judicial de la Nación la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DECAEP), como auxiliar de la justicia federal y de la justicia nacional. Está conformada por los presidentes de la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal. Y cuenta con el asesoramiento de un consejo consultivo, integrado interdisciplinariamente por psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, médicos, abogados y sociólogos.

La misión de la DECAEP es el control del cumplimiento de las condiciones contenidas en el auto de soltura de toda persona que haya obtenido la libertad condicional, donde actuará en colaboración con el magistrado a cargo de la ejecución de la pena, y el control del cumplimiento de las reglas de conducta impuestas a toda persona a la que se le haya impuesto una pena de ejecución condicional.

También se encarga del seguimiento y control de las reglas de conducta impuestas a toda persona a la que se le haya otorgado la suspensión de juicio a prueba; la inspección y vigilancia de toda persona que se encuentre cumpliendo detención o pena con la modalidad de alojamiento domiciliario, y proporciona asistencia social eficaz para las personas que egresen de establecimientos penitenciarios por el programa de libertad asistida, libertad condicional o agotamiento de pena.

Entre sus obligaciones figura el seguimiento y control de la ejecución de todo sistema sustitutivo de la pena que se cumpla en libertad y la asistencia al liberado y su grupo familiar, facilitando los medios para su traslado de regreso al domicilio y trabajo, gestionando la atención de sus necesidades en los primeros días de la vida en libertad.

El 26 de junio de 2024, el Consejo de la Magistratura de la Nación, a través de la Administración General, finalizó las obras de readecuación de la planta baja del edificio de Alsina 1418, espacio destinado al funcionamiento de la DECAP. El lugar cuenta con renovadas instalaciones de espera y atención al público, procesamiento de legajos, salas de reunión y de gerenciamiento, y servicios sanitarios para el personal y público asistente. El proyecto fue planificado y controlado por la Dirección General de Infraestructura Judicial del Consejo de la Magistratura.