Napalpí; La reivindicación | Consejo de la Magistratura

Publicado el 17/09/2021

Luego de tanta brega, de generaciones que clamaron por verdad y justicia, se iniciará el juicio por los acontecimientos de hace casi un siglo en el actual territorio del Chaco donde fueron violentamente reprimidos y masacrados aborígenes.

I – Desde el mismo día que el navegante genovés Cristoforo Colombo puso un pié en una de las islas antillanas la relación del extranjero con el nativo fue crítica y en la mayoría de los casos caótica.

Se podrían contar como excepción a las reducciones jesuíticas, donde el trato era distinto, pero a los efectos de adoctrinar en la fe católica.

Uno de los tantos ejemplos fue la utilización de la fuerza humana como mano de obra en la empresa extractiva en la zona del alto Perú donde hombres y niños eran sometidos a largas jornadas de trabajo en un verdadero sistema de esclavitud. Ello deparó el diezmar gran parte de las distintas comunidades. Algo similar ocurrió en otros lugares de toda la vasta América y la única voz que se alzó fue la del obispo de Chiapas, el sevillano Bartolomé de Las Casas.

II – Mucho más acá, en el espacio y en el tiempo, a principios del siglo se había creado un sistema de reducción en ciertos territorios, en donde grupos de familias trabajaban en tareas rústicas de recolección a cambio de una mísera retribución.

Esta realidad estaba ubicada en espacios de las provincias del Chaco y de Formosa con poblaciones Qom y de otras etnias. Este sistema de explotación del trabajo indígena que funcionó entre 1911 y 1956 con gran cantidad de.

Una de esas era la “Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí” –hoy Colonia aborigen”- que reunía familias de las comunidades Qom y Moqoit en una extensión de 22.500 hectáreas. Estaban, de hecho, encerrados y en un marco de miseria. Todos estaban afectados al trabajo de recolección del algodón en una suerte de mano de obra esclava con jornadas de 12 y 14 horas en condiciones poco humanas.

Luego de tanto oprobio, se formalizó una especie de reclamo laboral destinado a la autoridad del territorio nacional del Chaco. También se advirtió que en forma voluntaria o no, se comenzó con una especie de temor hacia los indígenas, casi satanizándolos, con relatos inventados de actos violentos y primitivos. Esto generó cierta reacción de los propietarios de grandes extensiones que reclamaron por medidas represivas que debían adelantarse a los que con seguridad podía ocurrir. Siempre en el imaginario.

III – Los acontecimientos ocurrieron el sábado 19 de julio de 1924, cuando una formación de 130 policías, gendarmes y algunos hombres armados, tal vez organizados por los terratenientes, reprimieron las protestas de la comunidad en el paraje El Aguará, en los departamentos Quitilipi y 25 de Mayo, en la zona central de la provincia del Chaco.

         Según se pudo saber, la brutal orden vino del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, que no había querido escuchar a los nativos que no solo reclamaban por mejores salarios, sino con la posibilidad salir a trabajar a los ingenios de Salta y Jujuy, donde la paga era mejor.

         Actuaron los efectivos de la Gendarmería de Línea, la policía territorial  y hasta un avión que disparó desde el aire.

El grueso de los hombres y mujeres estaban en una fiesta religiosa organizada por los chamanes en el Aguará, un área considerada sagrada por los qom ubicada dentro de los límites de la colonia. Luego de rodear la zona, de las bocas de los Winchester y los Mauser comenzaron a salir los proyectiles a mansalva, tanto contra hombres, mujeres, niños o ancianos.

         La brutalidad continuó en persecución a campo traviesa de los que pudieron huir en tanto que otros ingresaron para rematar a machetazos a los heridos.

         Algunos cuerpos quedaron abandonados y otros fueron quemados en fosas comunes. Se afirma que 38 menores pudieron escapar de la matanza, si bien fueron luego reducido en los poblados de Quitilipi y Machagai.

         Nunca se pudo saber la cantidad de víctimas, pero superan las 500 y algunos investigadores sostienen que fueron 700.

IV – La violencia no cesó con ello sino que se agudizó el control en la reducción que continuó funcionando. Como era una acción aleccionadora por medio del terror que buscaba el disciplinamiento el mensaje era para todas las comunidades de la zona.

         El gobernador Centeno, para asegurarse  cierta impunidad, apartó al juez competente, Justo F. Farías, y en su lugar ubicó a Juan Sessarego, hombre dispuesto a ser condescendiente, como siempre ocurre. Pero a los efectos de “cerrar” definitivamente la causa y ante la empecinada voluntad  del fiscal Jerónimo Cello que apelaba su archivado, tramita el traslado del acusador para que actúe ante la Cámara de Apelaciones de Paraná. De esta forma S.S. pudo dictar el respectivo auto de sobreseimiento de los 80 policías acusados.

         El terror quedó flotando en el ambiente y hasta los ancianos se negaron por años a enseñar el idioma “qom” o “moqoit” como una forma de protección a las nuevas generaciones.

V – Pasados muchos años, algunos investigadores se dieron a la tarea de estudiar la masacre pero, como primer sorpresa, tuviero0n que el expediente había desaparecido. Luego se dieron a tareas de campo y se pudo dar con algunos sobrevivientes que fueron falleciendo –uno de ellos era Pedro Balquinta- para quedar solamente Rosa Grilo, de 107 años. Esos testimonios han quedado grabados, de forma que se los puede tener en su versión original.

El fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, Diego Vigay, junto a un equipo llevaron adelante actuaciones que fueron presentadas en la instancia respectiva.

En julio de este año, los fiscales federales Diego Vigay. Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini presentaron un pedido ante el Juzgado Federal para realizar el juicio luego de finalizar una investigación preliminar iniciada en 2014.

Pocos días ha, la jueza federal de Resistencia, dra. Zunilda Niremperger, dispuso la realización de un Juicio por la Verdad vinculado a los hechos de aquella “Masacre de Napalpí”. Será el primer proceso de este tipo y el Estado argentino deberá responder por su responsabilidad en la comisión de crímenes contra la humanidad, concretamente, contra las poblaciones de las etnias Qom y Mocoi, cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se pueda investigar para su reconstrucción desde una perspectiva histórica. La magistrada entendió que es “necesario transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido por su valor simbólico, histórico y humano, buscando la determinación judicial de tales hechos . …  la búsqueda efectiva de la verdad resulta relevante no solo en términos de memoria colectiva sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificadas directamente con tales hechos”.

VI – Este hecho lleva directa relación con el similar de “Rincón Bomba” en 1947 en Formosa, cuando los fusiles de gendarmería masacraron a los nativos en un hecho de muerte masiva de personas llevadas a cabo por el Estado nacional que fue seguido de silencio e invisibilización en una clara política del relato. Eran gobiernos democráticos que provocaron un  genocidio indígena.

* Por Ricardo Miguel Fessia, Miembro de la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico del Consejo de la Magistratura