El juicio que definió nuestra democracia | Consejo de la Magistratura
Publicado el 09/12/2021
I – El 9 de diciembre de 1985 los argentinos escuchábamos la sentencia en el juicio a las Juntas Militares en la denominada Causa 13, que puso fin al proceso penal contra las cúpulas militares que llevaron a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico militar desde el 24 de marzo de 1976.
Quedaba atrás una parte de la noche más negra.
II – Si bien periódicamente nos anoticiamos de aberraciones pasadas,recordamos ahora que la génesis de la fase jurisdiccional de esta parte de nuestro pasado tiene su origen en la firme voluntad plasmada en una norma jurídica que fue el decreto 158/83 dictado el 15 de diciembre de 1983 dictado por el presidente que había asumido cinco días antes. Se disponía que se debía someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las tres Junta Militar que usurpó el gobierno el 24 de marzo de 1976.
En la misma dirección y como apoyo a la investigación sobre violaciones de derechos humanos, se conformó la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” (CONADEP) que integraron personalidades de indiscutible compromiso con los valores de la República y que llevaron adelante una investigación que demostró las violaciones masivas a los derechos humanos, que fueron ejecutadas en forma sistemática de acuerdo a un plan decidido en los niveles más altos del gobierno militar. El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe “Nunca más” en donde se documentaron los casos concretos de violaciones de derechos humanos. Por su profundidad y seriedad el mismo constituyó una prueba fundamental en el Juicio contra las Juntas, y produjo un impacto cultural de enorme magnitud en la sociedad argentina.
III – El 22 de abril de 1985, se concretaba una aspiración muy valiosa para la democracia, que se erigió en un símbolo, cuando en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires comenzaron las audiencias del juicio a las tres primeras juntas militares de la dictadura: la Cámara Federal integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, actuando como fiscal el Dr. Julio Strassera.
Este juicio no reconocía antecedentes de tal magnitud en el mundo. Una similitud puede encontrarse en los juicios a los comandantes de la dictadura griega iniciada en el golpe del 22 de abril de 1967 y el juicio de Nüremberg contra los jerarcas nazis en 1946.
En la Causa 13 se sometió a juicio a nueve militares de las tres armas que integraron las Juntas desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
IV – Después de seis meses de largas jornadas de audiencias, seguidas por actores sociales, medios de comunicación y la ciudadanía. El 9 de diciembre de 1985 se conoció la sentencia en donde se condenó a cinco de los militares acusados y absolvió a cuatro. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años de prisión, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución. Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos. El tribunal consideró que las juntas militares habían elaborado un sistema ilícito para reprimir a “la subversión” que llevó a que se cometieran “gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, a la aplicación de tormentos y a homicidios”, garantizando su impunidad.
IV – El juicio tuvo una gran trascendencia internacional y sobre todo para la región, en donde existieron dictaduras similares coordinadas a nivel continental por el “Plan Cóndor” que cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática y planeada desde lo más alto del poder.
El juicio constituye un capítulo de importancia en la historia universal y ubicó a la Argentina en un lugar de vanguardia en la lucha por el respeto a los derechos humanos.
De la sentencia se consolidó un mensaje que perdura hasta nuestros días; el reconocimiento del carácter criminal de un régimen que se concibió al margen de la ley y que implementó prácticas inhumanas para la represión. La sentencia sanciona con la fuerza de la verdad que lo sucedido fue un crimen de Lesa Humanidad. La sentencia fue un impulso para la recuperación de los derechos humanos como valor de la democracia, y un antecedente penal para la búsqueda de la Justicia en relación a los crímenes de Lesa Humanidad también en otros países. Un juicio que refundó la democracia en nuestro país.
Por Ricardo Miguel Fessia
Miembro de la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico