La Ley tiene por objeto garantizar el derecho de todos los ciudadanos a realizar pedidos de información pública y obtener respuestas de los tres poderes del Estado. Busca promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
El Consejo, como uno de los sujetos obligados, reglamentó la implementación de la Ley y procuró así que los ciudadanos puedan ejercer mejor su derecho de acceso a la información pública.
Ley de Derecho de Acceso a la Información. Ley 27.275. Consultar
Reglamentación de la Ley de Derecho de Acceso a la Información. Resolución 457/2017 del Consejo. Consultar
Fuentes responsables de datos para cumplir con el artículo 32 de la Ley 27.275 referido a Transparencia Activa. Resolución 36/2018. Consultar
Protocolo de Acceso a la Información Pública. Resolución 415/2018. Consultar
Protocolo de procedimiento para reclamos administrativos ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. Resolución 510/2018. Consultar
La Ley y su reglamentación fijan los plazos en los que los poderes estatales deben responder los pedidos de información de los ciudadanos, establece reglas claras y expresas para restringir los casos en los que la información no puede ser difundida, define organismos específicos para que garanticen el derecho, enumera la información que el Estado necesariamente debe publicar aunque ningún ciudadano la solicite y crea mecanismos para hacer exigible el derecho.
Esta ley busca garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado. La Ley representa un avance hacia un Estado más transparente, fortaleciendo las instituciones, el gobierno abierto y el fomento de la participación ciudadana.
